Un juez federal de EEUU dictaminó que los inmigrantes ilegales pueden poseer armas.
En este momento, parece que los extranjeros ilegales tienen tantos derechos como los ciudadanos estadounidenses, pero menos de la mitad de las responsabilidades. La jueza de distrito estadounidense Sharon Johnson Coleman dictaminó que se violaron los derechos de la Segunda Enmienda de un inmigrante ilegal acusado de posesión ilegal de un arma de fuego.
El caso en cuestión involucra a Heriberto Carvajal-Flores, un inmigrante ilegal que fue acusado bajo 18 USC 922, una ley federal que prohíbe a los extranjeros ilegales portar armas y municiones. Sin embargo, el juez Coleman concluyó que la ley, si se aplicara a Carvajal-Flores, violaría su derecho constitucional a poseer y portar armas.
Los abogados defensores argumentaron con éxito que el gobierno no había demostrado cómo la ley cumplía con la tradición histórica de Estados Unidos, un requisito para las regulaciones sobre armas de fuego establecido por la Corte Suprema en 2022.
Argumentaron que el desarme permanente basado únicamente en los extranjeros o la nacionalidad no tiene origen en la historia estadounidense. Y tradición.
Sorprendentemente, el juez Coleman determinó que el Sr. Carvajal-Flores no tenía condenas previas por delitos graves, delitos violentos o delitos con armas. Incluso admitió haber obtenido y utilizado esta arma exclusivamente para defensa propia durante el período en que se registraron los disturbios.
Las implicaciones de esta sentencia son profundamente preocupantes. Al extender las protecciones de la Segunda Enmienda a los inmigrantes ilegales, los tribunales han priorizado efectivamente los derechos de los no ciudadanos sobre la seguridad de los ciudadanos estadounidenses.
Esto sienta un precedente peligroso que podría conducir a un aumento de la actividad armada ilegal y poner en peligro aún más los ya tensos esfuerzos de control de inmigración de Estados Unidos. Además, esta decisión plantea serias dudas sobre la coherencia y la coherencia del sistema legal.
Con las crecientes restricciones a las libertades de los ciudadanos respetuosos de la ley de la Segunda Enmienda, ¿quién puede justificar conceder a quienes violan conscientemente las leyes de inmigración un derecho constitucional a portar armas? Fuente: Newsmax
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